Monográfico 1-O: los Luises de la II República, aproximación indirecta a Cataluña

by José Corrales Díaz-Pavón , 27 septiembre, 2017

Imagen| Craneo Prisma

Las Proposiciones No de Ley debatidas en el Congreso de los Diputados el pasado 8 de septiembre  construyen una imagen fidedigna de la España de hoy: propuestas dedicadas a gestionar el presente (en infraestructuras o para paliar los daños del incendio de Moguer); otras centradas en crear las condiciones para que el futuro sea lo mejor posible (con propuestas acerca del régimen de las instalaciones de energía renovable, de favorecimiento de los vehículos eléctricos, para mejorar la calidad del aire en Barcelona, para cambiar el sistema de evaluación del profesorado universitario, etc.); las hay que pretenden extender la solidaridad más allá del conjunto de los ciudadanos españoles, prolongándola con el resto del mundo (en concreto, con los afectados por la crisis humanitaria del Lago Chad y el Cuerno de África); e, incluso, hay alguna extraña unanimidad, como la PNL presentada por populares, socialistas, podemitas-comunes, ERC y el Grupo Mixto pidiendo una Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la infancia. Y, obviamente, también hacen aparición sus demonios: la relación con la Iglesia Católica (en concreto, su financiación), el encaje de las lenguas autonómicas… y los fantasmas del pasado, convocados por sendas PNL relativas a la reivindicación de Lluis Companys y Alexandre Bóveda (impulsor del Estatuto de autonomía de Galicia durante la República). Ninguna de estas PNL se centraba directamente en la “cuestión catalana”, quizá el problema político más relevante [si no el más relevante, el que más fuerzas consume, tanto a los políticos como a la opinión pública. No tanto así para los ciudadanos, según la última encuesta del CIS]  pero la relativa a Companys es significativa.

Y es que las figuras elegidas no son casualidad. Forman parte de la galería de protagonistas de la única etapa de la historia de España antes del 78 en la que se ensayó un modelo descentralizado de organización estatal que diera respuesta a las reclamaciones de las regiones españolas que conservaban un idioma y una cultura no subsumidas en el paradigma castellano-español. Parte de las fuerzas políticas de nuestro arco parlamentario pretenden retraer el momento constituyente de nuestra democracia a esa II República (mediante la abjuración de la bandera rojigualda y la reclamación simbólica de la tricolor, como más obvia técnica, si bien no la única) en la que Companys fue una figura relevante.

Para quien necesite un recordatorio: Companys fue el President de la Generalitat que, en 1934, proclamó el Estado catalán dentro de lo que él llamo una República Federal de España (3 años antes, Maciá había proclamado la República catalana dentro de una federación ibérica), con el argumento de que el gobierno de la República (en manos del centro-derecha de la CEDA y los radicales de Lerroux en aquel momento) había dejado de ser democrático. Haciendo uso de los mecanismos que le facultaban para ello (posteriormente declarados inconstitucionales) el gobierno de la República suspendió la autonomía catalana. Companys y el resto del gobierno catalán fueron encarcelados y condenados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, hasta que el triunfo del Frente Popular en febrero del 36 conllevó una amnistía (aprobada con el voto favorable la propia CEDA, consciente de la extrema tensión del momento) con la que recuperaron la libertad y el cargo. Tras la Guerra civil el régimen de Franco le condenó a muerte, siendo fusilado en el Montjüic en 1940. Dicha condena fue invalidada por la aprobación de la Ley de Memoria histórica, y los descendientes de Companys recibieron en 2009 un documento de reparación de su figura histórica

Nadie (hasta donde yo sé) ha reivindicado en el Congreso de los Diputados al reverso perfecto de Companys, con el comparte el nombre, la vocación regionalista y la condición de haber sido procesado tanto por la República como por el  Franquismo. Dirigente de la Derecha Regionalista Valenciana, Luis Lucia fue ministro durante el gobierno radical-cedista, vicepresidente de la  CEDA y diputado del Congreso elegido tanto en las elecciones de noviembre del 33 como en las de febrero del 36. Su respuesta a la sublevación militar contra el Gobierno del Frente Popular fue un telegrama dirigido al Ministro de la Gobernación en el que

Como ex ministro de la República, como jefe de la Derecha Regional Valenciana, como diputado y como español, levanto en esta hora grave mi corazón por encima de todas las diferencias políticas para ponerme al lado de la autoridad que es, frente a la violencia y la rebeldía, la encarnación de la República y la Patria. Luis Lucia

A pesar de estas palabras, los diputados del Frente Popular le levantaron la inmunidad para que pudiera ser procesado por el Tribunal Supremo, recordando para ello su pasado como ministro durante el bienio radical-cedista y manifestando que

[…] su condición de representante de las clases reaccionarias del país que han ayudado y colaborado para provocar esta sublevación y que hoy la están alimentando desde el otro lado de nuestras trincheras, este hombre es un enemigo del pueblo español 

Encarcelado en Barcelona por las autoridades republicanas, fue detenido por las franquistas tras la toma de la ciudad y juzgado por no apoyar la sublevación militar. Entre las pruebas de este crimen figura su expediente de defensa durante la República, en el que intentaba mostrar su adhesión a la misma con, entre otras pruebas, el telegrama. La inicial condena de muerte fue conmutada por otra de prisión y esta por un confinamiento en Mallorca, donde murió en 1943.

Companys y Lucia encarnan dos formas de entender la democracia: para los primeros, la legalidad y los procedimientos están sometidos a la sumisión del poder público a la doctrina política que ellos consideran válida. Si se apartan de ella (como ocurrió en el 34 con Companys o como ocurre actualmente con los miembros de Junts pel si), la legalidad puede ser conculcada y sustituida por aquella que los sedicentes legítimos representantes democráticos consideren. Maciá, Companys y Puigdemont se atribuyeron el derecho a decidir sobre la organización territorial de España sin más concurso que el de ellos mismos y sus seguidores.

Frente a esta forma de entender la democracia, se alzan figuras como la de Lucia. Cuando la mayoría de sus correligionarios ideológicos se alzaron en armas contra el legítimo gobierno, él entendió que la discrepancia ideológica no justifica acciones ilegales. El olvido de su figura no es casual. La restauración de la memoria republicana ha sido acometida en España únicamente por los partidos de izquierda y los nacionalistas, que encontraron en la II República el único antecedente de autogobierno (con Tarradellas como símbolo para los catalanes y Guernika para los vascos).  Para ambos grupos una figura de derechas como Lucia es incómoda, porque rompe la imagen idealizada de la II República Española y la desarticula como arma contra el partido hegemónico de la derecha. Que estos la olviden es más incomprensible; la única explicación puede ser la ausencia de la necesidad de remontarse más allá del 78 para acreditar galones democráticos. Y así figuras como Lucia, como Clara Campoamor o Manuel Chaves Nogales duermen el sueño de los justos para la sociedad española.

Y todo esto venía a cuenta de Cataluña. Julián Casanova, historiador de la década de los años 30 del siglo XX en España, escribía hace poco en Twitter lo siguiente:

Persecución violenta y limpieza étnica de los rohingya en Myanmar. Lejos, pero el ombligo catalán-español nos hace cada vez más ignorantes

¿Qué hubiera aportado escribir otro artículo más sobre Cataluña? ¿Acaso otro recordatorio más sobre la necesidad de cumplir la ley hubiera servido de algo más que de ocupar espacio digital, que para aumentar la cacofonía de voces que no dejan oír? Cualquiera que haya abierto un periódico español en el último mes ha encontrado las razones de los intelectuales de unos y de otros, y no por ello se ha atemperado el  ánimo ni impuesto la razón. La Constitución española seguirá siendo un ucase destructivo para parte de la ciudadanía catalana. Solo caben dos vías posibles, que son complementarias, y que van contra esa ignorancia que deslíe nuestros vínculos cívicos. La primera pasa por la plena incorporación de la cultura catalana, vasca y gallega en la educación española. ¿Qué ocurriría si todos los escolares de este país tuvieran como lectura obligatoria La plaza del diamante de Mercé Rododera? La segunda pasa por crear un consenso en torno al pasado de España y rescatar de él aquellas figuras que nos sirvan para crear un vínculo sentimental con la idea fundamental de la democracia: aquel sistema de derechos y deberes que permite el libre desarrollo del ser humano y la búsqueda de su felicidad individual, independientemente de su adscripción ideológica. Quizá nadie se quiera ir del país que Luis Lucia defendía, y entonces se pueda prestar atención a esas otras PNL de las que depende la España del futuro.

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